Derechos, apoyos y decisiones desde un enfoque de derechos humanos
Por Dra. María Sol Barreiro Díaz
Abogada – Especialista en Derecho de Familia, Discapacidad y Neurodiversidad
Durante muchos años se creyó que una persona con una discapacidad o un padecimiento de salud mental debía ser reemplazada en la toma de decisiones. Ese paradigma, afortunadamente, cambió.
Hoy, tanto la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, la Ley Nacional de Salud Mental N.º 26.657 como el Código Civil y Comercial de la Nación parten de un principio fundamental: todas las personas tienen capacidad jurídica y son titulares de los mismos derechos. La restricción de la capacidad ya no es la regla, sino una medida excepcional destinada a proteger a la persona cuando resulte estrictamente necesaria.
La capacidad es la regla, la restricción la excepción
El Código Civil y Comercial establece que toda persona puede ejercer sus derechos y tomar decisiones sobre su vida.
Solo cuando una persona presenta una alteración permanente o prolongada de suficiente gravedad que le impide comprender determinados actos y ello puede ocasionarle un perjuicio a su persona o a sus bienes, un juez podrá disponer una restricción de la capacidad.
Pero esa restricción nunca es automática ni general.
Cada caso debe analizarse individualmente.
La sentencia debe indicar concretamente para qué actos la persona necesita asistencia o representación y cuáles puede seguir realizando por sí misma.
Un diagnóstico no determina la capacidad
Uno de los errores más frecuentes es creer que una persona por tener un diagnóstico psiquiátrico, una discapacidad intelectual, autismo, síndrome de Down o incluso un Certificado Único de Discapacidad (CUD), automáticamente necesita una restricción de la capacidad.
Esto es incorrecto.
El diagnóstico médico no determina, por sí solo, la capacidad jurídica de una persona.
Lo que debe evaluarse es cómo esa situación influye en su posibilidad real de comprender determinados actos y de expresar su voluntad respecto de ellos.
Dos personas con el mismo diagnóstico pueden tener niveles de autonomía completamente diferentes.
Por eso la ley exige un análisis interdisciplinario e individualizado.
Del modelo de sustitución al modelo de apoyos
Quizás el cambio más importante de los últimos años fue dejar atrás el modelo paternalista.
Antes predominaba la idea de que otras personas debían decidir por quien tenía una discapacidad o un padecimiento mental.
Hoy el objetivo es exactamente el contrario.
El Derecho busca que cada persona pueda ejercer sus derechos con los apoyos que necesite, respetando siempre su voluntad y sus preferencias.
Los apoyos pueden ser familiares, profesionales u otras personas de confianza cuya función es ayudar a comprender la información, facilitar la comunicación y acompañar la toma de decisiones.
No se trata de reemplazar la voluntad de la persona, sino de fortalecer su autonomía.
El rol de la Ley Nacional de Salud Mental
La Ley Nacional de Salud Mental N.º 26.657 fue un punto de inflexión en nuestro país.
Esta norma reconoce a las personas con padecimientos mentales como sujetos plenos de derechos y establece que toda intervención debe realizarse respetando su dignidad, autonomía y participación.
Además, dispone que las internaciones deben ser excepcionales y que el diagnóstico nunca puede ser motivo de discriminación o de pérdida automática de derechos.
Estos principios fueron luego incorporados al Código Civil y Comercial, que reemplazó el antiguo sistema de declaraciones generales de incapacidad por un modelo mucho más respetuoso de los derechos humanos.
¿Quién puede solicitar una restricción de la capacidad?
El proceso puede ser iniciado por la propia persona, por su cónyuge o conviviente, por familiares cercanos o por el Ministerio Público cuando resulte necesario proteger sus derechos.
Durante el trámite intervienen el juez, la Asesoría de Incapaces y un equipo interdisciplinario integrado por profesionales de distintas especialidades.
Además, el juez debe entrevistar personalmente a la persona para conocer su situación, escuchar su voluntad y comprender sus necesidades.
¿Qué debe tener en cuenta una familia?
Muchas familias consultan cuando observan que un adulto mayor comienza a perder memoria, cuando un hijo con discapacidad alcanza la mayoría de edad o cuando una persona atraviesa un padecimiento de salud mental.
Sin embargo, antes de iniciar un proceso judicial es importante recibir asesoramiento profesional.
No toda situación requiere una restricción de la capacidad.
En muchos casos bastará con organizar apoyos adecuados, mientras que en otros será necesario solicitar una medida judicial limitada a determinados actos.
Lo importante es comprender que el objetivo no es quitar derechos, sino garantizar que la persona pueda ejercerlos de la manera más autónoma y segura posible.
Un nuevo paradigma basado en la dignidad
El verdadero cambio que introdujo nuestro sistema jurídico consiste en dejar de preguntarnos “¿qué no puede hacer esta persona?” para comenzar a preguntarnos “¿qué apoyos necesita para ejercer sus derechos?”
Ese es el espíritu de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, de la Ley Nacional de Salud Mental y del Código Civil y Comercial.
Porque proteger no significa decidir por otro.
Proteger significa generar las condiciones para que cada persona pueda participar activamente en las decisiones que afectan su vida, respetando siempre su dignidad, su voluntad y su proyecto personal.
Sobre la autora
Dra. María Sol Barreiro Díaz
Abogada – Especialista en Derecho de Familia, Discapacidad y Neurodiversidad.
Asesora y representa a personas y familias en procesos de restricción de la capacidad, sistemas de apoyos, cobertura de salud, derechos de las personas con discapacidad y conflictos familiares, promoviendo siempre soluciones jurídicas centradas en la autonomía, la dignidad y el respeto por los derechos humanos.